En la pasada contienda electoral, escuchamos al entonces Candidato Presidencial por el FMLN, Mauricio Funes Cartagena, prometer en varias ocasiones, que todos los que tenían deudas con la justicia, iban a ir a dar al penal y que para eso no le iba a temblar la mano.
Casi medio año ha pasado desde que tomó posesión en el cargo de Presidente, el Licenciado Mauricio Funes y nadie ha sido enjuiciado, ni por los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto bélico que vivió nuestro país, ni por actos de corrupción (Malversación de fondos) que pública y reiteradamente se han denunciado y que fueron cometidos por los anteriores gobiernos de la derecha.
Ocurre que al calor de la contienda electoral y bajo la presión popular (Lo que esperaba la gente que se le prometiera) y siendo solo un candidato más, Funes se pasó un poco de la lengua, pues prometió cosas que no eran de competencia presidencial; y ahora está viendo las consecuencias de no poder cumplir; pues según la Constitución de la República (1983) el Estado es democrático, republicano y representativo y básicamente está conformado en tres entidades u órganos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Entre esas tres entidades, existe independencia y así debe ser conforme lo dispone la ley… a diferencia de lo que ocurría en tiempos de la “siniestra derecha” [Qué ironía] cuando en sus gobiernos, todas las entidades estatales eran presa de la subducción presidencial.
En cuanto a los crímenes de lesa humanidad: Masacres, magnicidios, ejecuciones sumarias, desapariciones, torturas, entre otras barbaries cometidas durante la década de los 80´s y en tiempos anteriores e incluso, posteriores a los acuerdos de Paz (1992)
Según la Constitución (Art. 193) Corresponde única y exclusivamente al Fiscal General de la República:
1º Defender los intereses del Estado y de la Sociedad;
2º Promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad. (1)
3º Dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma que determine la ley.
4º Promover la acción penal de oficio o a petición de parte.
5º Defender los intereses fiscales y representar al Estado en toda clase de juicios y en los contratos sobre adquisición de bienes inmuebles en general y de los muebles sujetos a licitación, y los demás que determine la ley;
6º Promover el enjuiciamiento y castigo de los indiciados por delitos de atentados contra las autoridades, y de desacato… entre otros similares. (Indiciado = Imputado)
Las funciones del Presidente y en general del órgano ejecutivo, son otras y no puede injerir en el actuar institucional de otra figura pública (Fiscal en este caso)
Ahora bien, el nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General de la República, tampoco fue ni es responsabilidad del Ejecutivo, ni del Presidente de la República… de hechos todos recordamos del impase que existió por varios meses, cuando los “padres de la patria” no llegaban a un acuerdo, en relación al nombramiento de esa figura tan importante (El Fiscal)
Claro que es posible realizar una investigación institucional, pero… ya se hizo… ahí está el informe de la comisión de la verdad… donde se señala expresamente quiénes cometieron los principales actos de violencia contra la población humilde de nuestro país.
Justicia habrá cuando la población deje de creer en “políticos” de una derecha sucia, corrupta y criminal, que gobernó durante dos siglos y que sigue ostentando una importante cuota de poder: Órgano Legislativo.
La MEGA CORRUPCIÓN Y LA MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS: Cristiani se quedó con la banca y posteriormente la vendió… se han vertido muchos rumores, serios y fuertes que la compra se verificó con fondos provenientes de la famosa “partida secreta”.
El edificio “Cuscatlán” que había pasado a manos del Banco Cuscatlán, en tiempos de la banca nacional, pasó a manos de ese mismo personaje, cuando se dio la privatización de la banca.
Estos son robos, contra el pueblo… pero qué creyeron, que el señor Presidente Cristiani iba a levantar un acta, expresando cómo había conseguido los fondos para adquirir las instituciones bancarias ó las intenciones de entregar al banco mencionado el inmueble antes referido (Edificio Cuscatlán)
Todas esas acciones fueron documentadas, haciendo pasar las transacciones como “actos legales”… por eso, para hacer justicia, el gobierno, teniendo poder suficiente (estatal), para convocar a una constituyente y nacionalizar la banca (Devolviendo al pueblo lo que es del pueblo)
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