AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD JURÍDICA

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La Página del Abogado

sábado, 2 de mayo de 2015

DIFERENCIA ENTRE DERECHOS REALES Y CONTRATOS REALES

Por: LIC. JUAN RAMÓN ARAUJO LÓPEZ
ABOGADO Y NOTARIO
DOCENTE DE DERECHO CIVIL EN UNIVERSIDAD DE ORIENTE (UNIVO)


Los derechos reales son aquellos derechos subjetivos que recaen directamente sobre las cosas.
El Código Civil de El Salvador define lo que debe entenderse por derecho real, al decir en el Art. 567 Inciso 2º que “Derecho real es el que se tiene sobre una cosa sin referencia a determinada persona”
Ahora bien, la característica esencial de los derechos reales es que para configurarse como tales, deben estar enunciados en la ley, es decir, que de forma taxativa el legislador enumera cuales son los derechos reales; así, el inciso tercero del mismo Art. 567 del Código Civil expresa: “Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca”.
Los contratos reales, por su parte son aquellos para cuya perfección se necesita la entrega de la cosa que constituye su objeto.
La ley no nos define a los contratos reales, sin embargo, aclara en algunos contratos en particular que necesitan la entrega de la cosa para su perfeccionamiento, por ejemplo el contrato de comodato o préstamo de uso.
“El comodato o préstamo de uso es un contrato en que la una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz…”
“Este contrato no se perfecciona sino por la entrega de la cosa…”
E incluso hay contratos para cuyo perfeccionamiento la ley exige de realizar la tradición de la cosa de que se trata.
Por ejemplo el contrato de mutuo o préstamo de consumo:
“No se perfecciona el contrato de mutuo sino por la tradición, y la tradición transfiere el dominio.”
Así las cosas, los derechos reales son una condición jurídica que vincula directamente a una cosa con su titular, independientemente de la otra persona que interviene en la relación contractual; los contratos reales por otro lado, son aquellos que requieren, para ser perfectos, de la entrega material de una cosa corporal cierta.
Bajo estas premisas, los derechos reales reconocidos en nuestra legislación son:
1.    El derecho de dominio;
2.    El de herencia;
3.    Los de usufructo;
4.    Uso o habitación;
5.    Los de servidumbres activas;
6.    El de prenda y
7.    El de hipoteca.
Los principales contratos reales regulados en nuestra legislación son:
1.    El comodato o préstamo de uso; (Art. 1932 C.)
2.    El mutuo o préstamo de consumo; (Art. 1955 C.)
3.    El depósito; (Art. 1969 C.)
4.    El contrato accesorio de prenda; (Art. 2136 C.)
5.    El contrato de anticresis; (Art. 2183 C.)
Los contratos reales son aquellos en que específicamente la ley exige que se entregue una cosa, para que se repute perfecto.
Los derechos, entonces, reales son más amplios y conceden privilegios jurídicos mayores a sus respectivos titulares, como en la hipoteca o la prenda.

domingo, 19 de abril de 2015

LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA EN EL MARCO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL

Por: LIC. JUAN RAMÓN ARAUJO LÓPEZ
Abogado y Notario
Docente de Derecho Civil: UNIVERSIDAD DE ORIENTE (UNIVO)

Las diligencias de jurisdicción voluntaria que se siguen para aceptar la herencia que se encuentra abierta, desde el fallecimiento del causante, es un trámite que se sigue en base a reglas específicas que se encuentran en el Código Civil.
El Código Civil no es una ley adjetiva, por el contrario es de carácter sustantivo, pero a la vez, constituye derecho común, es decir, que todo lo que no tiene una regulación especial, se debe guiar por ésta particular norma.
Sin embargo, en este caso en particular, el código civil, eminentemente sustantivo, contiene reglas de derecho adjetivo, pues regula un procedimiento que suele ventilarse vía judicial, aunque la ley permite hacerlo ante Notario, por virtud de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias.
Por lo mencionado, cabe aclarar que con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil no se ha visto afectado de forma significativa éste trámite, ya que nunca estuvo regulado en el código de procedimientos civiles.
Quizás la única variante visible sería una hipotética imposibilidad de realizar dicho trámite por medio de firma de abogado director, es decir, que el peticionario directamente se dirija al Juez competente; ya que la postulación es obligatoria, es decir, por medio de procuradores, cargo que debe recaer sobre abogados autorizados, parafraseando al Código Procesal Civil y Mercantil.

COMPETENCIA
Por lógica el Juez competente en las diligencias de aceptación de herencia, en el marco de la nueva normativa procesal, es el Juez de lo Civil y Mercantil, o en su caso, el Juez de Primera Instancia.

REGLAS PARA LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA
A partir del Art. 1162 del Código Civil y regula que la aceptación de herencia para que produzca efectos legales:
1-    Debe ser expresa;
2-    Se debe pedir al Juez del domicilio de la sucesión (Del último domicilio de causante) ser declarado “heredero”
3-    El solicitante manifestará los nombres y residencia actual de las otras personas, que por la ley o el testamento, puedan tener derechos en la sucesión como herederos y que sean conocidas.

INFORME A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Tanto el Juez de Primera Instancia, como el Notario, deben aplicar los artículos 19 y 20 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias y enviar oficios a la Corte Suprema de Justicia:
A)   Para  que la CSJ le informe si se han promovido diligencias de aceptación de la herencia o de su declaratoria de yacencia; y
B)   Para informar a la Corte Suprema de Justicia sobre las diligencias de aceptación de herencia o declaratoria de yacencia en su caso que se están realizando.

NOMBRAMIENTO DE HEREDEROS INTERINOS
Luego de recibidos los informes de la CSJ el Juez o el Notario, en su caso, debe declarar interinamente la herencia y así ordenar que se publiquen los edictos (tres) correspondientes, para hacer del conocimiento del público, en relación a las diligencias de aceptación de herencia.
“Si los solicitantes probaren su calidad de herederos, el Juez los nombrará interinamente administradores y representantes de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente, y publicará edictos, uno de los cuales se insertará por tres veces en el Diario Oficial, citando a los que se crean con derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el término de quince días contados desde el siguiente a la tercera publicación del edicto en el expresado periódico. Art. 1163 C.”

DECLARATORIA DEFINITIVA DE HEREDERO
15 días después de publicado el último cartel (Publicaciones), sino se presenta nadie haciendo oposición a las diligencias, se procede a:
1-    Declarar definitivamente herederos a los peticionarios;
2-    Ordenar publicar un último cartel en el Diario Oficial; y
Con el pago de la publicación (Recibo) se emiten los oficios correspondientes, documento que servirá para inscribir el traspaso por herencia, registralmente.

domingo, 15 de febrero de 2015

LA AUDIENCIA PREPARATORIA EN LOS PROCESOS DECLARATIVOS DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL

Tanto los procesos civiles como los mercantiles, regulados ambos en el Código Procesal Civil y Mercantil, se debaten entre dos realidades; por un lado, su naturaleza eminentemente formal, es decir, que por regla general la causa de pedir es un documento, que debería ser incorporado al proceso según lo preceptuado en el Art. 288 Pr. C. y M.
El Código Procesal Civil y Mercantil plantea la celebración de dos audiencias: a) Audiencia preparatoria; y b) Audiencia probatoria.
No cabe duda que cada Juez formula su propia versión de audiencia; de tal modo que la forma ritual dependerá de cada caso particular.
En el caso de la audiencia preparatoria, tema que nos ocupa en esta ocasión; sin embargo, en términos básicos y sencillos, la audiencia preparatoria sirve para:
1- Intentar la conciliación de las partes;
2- Permitir el saneamiento de los defectos procesales que pudieran tener las alegaciones iniciales;
3- Fijar de forma precisa la pretensión y el tema de la prueba
4- Proponer y admitir la prueba de que intenten valerse las partes.
Lo anterior de acuerdo a lo regulado en el Art. 292 Pr. C. y M.
Intentar una conciliación entre las partes: El Juez debe propiciar las condiciones para que las partes lleguen a un arreglo; sin embargo, algunos jueces de lo civil y mercantil impiden la participación verbal de las partes materiales. Bajo la argucia que para eso están las partes técnicas en la audiencia; sin tomar en cuenta que los dueños del derecho material y su libre disposición le corresponde a las partes materiales, quienes podrían cambiar de parecer en el momento de la audiencia, ya sea para consentir en un arreglo conciliatorio o bien para rechazarlo, aún y cuando previamente haya dado instrucciones precisas a su abogado.
Personalmente he visto casos de jueces que mandan a callar a las partes materiales, cuando éstas intentan hablar en la audiencia “CÁLLESE, PARA ESO ESTÁ SU ABOGADO”, con el dedo amenazante…  Si sigue interviniendo lo mando sacar… Dicen.
O sea que hay jueces que reducen a las partes materiales a meros espectadores pasivos del proceso; olvidando que el principio y fin de la actividad del Estado es la persona humana… y no la mecánica y robótica forma en que ellos han idealizado la audiencia.
Por otro lado, el Código Procesal Civil y Mercantil fue elaborado para evitar los excesos de formalismos que tenía el viejo código de procedimientos civiles; sin embargo, en la práctica forense, ha servido para exagerarlos y ampliarlos en un mil por ciento.
Art. 1, 2 y 6 del Código Procesal Civil y Mercantil, relacionado con el Art. 1 de la Constitución de la República.
El Código Procesal Civil y Mercantil plantea también un dilema muy serio, en relación a la forma de las audiencias; el legislador ha querido, que la oralidad tenga mayor presencia que la escritura; sin embargo, el proceso no es absolutamente oral, de hecho, el Art. 8 dice que en los procesos civiles y mercantiles las actuaciones se realizarán de forma “predominantemente oral”; sin perjuicio de:
a) La documentación;
b) Los actos procesales que deban hacerse constar por escrito; y
c) Las aportaciones documentales que en éste código se establece.
Por lógica y sensatez, el legislador está hablando de:
a) Poderes que acreditan la personalidad;
b) La demanda y la contestación de la demanda; y
c) La prueba documental que se hará valer en el proceso.
Art. 276, 284 y 288 del Código Procesal Civil y Mercantil
Entonces ¿Cuál es la parte predominantemente oral, del proceso? Para pasar por éste abismo, los jueces han puenteado entre la ley y la práctica forense, exigiendo de las partes, volver a lo dicho en sus escritos iniciales, entiéndase, la demanda y la contestación, deduciendo de ellos: a) La pretensión; y b) Las pruebas todas que se harán valer en la audiencia probatoria.
No obstante, el Juez previamente ha admitido la demanda, sus argumentos de hecho y de derecho y las pruebas ofrecidas; sin embargo, luego aduce amnesia y dice que eso aún no ha sido admitido; y que se debe proponer nuevamente en la audiencia preparatoria.
Al admitir la demanda, el Juez admite haber examinado su contenido y haberse asegurado que, al menos en apariencia, todo está de acuerdo a derecho; salvo las excepciones que puedan plantear las partes; pero de observar algo irregular el Juez cuenta con los mecanismos pertinentes, que son:
a) La improponibilidad de la demanda; y
b) La inadmisibilidad de la demanda.
O en todo caso, realizar las prevenciones o requerimientos que estime oportunos a las partes del proceso.
En conclusión, la audiencia preparatoria no es otra cosa que un intento de salida alterna por la vía conciliatoria, y de no ser posible, la ratificación del contenido de la demanda y las pruebas ofrecidas, así como de la contestación de la demanda.

Lic. Juan Ramón Araujo López

10 EDICIÓN DE LA REVISTA CONFRONTACIONES

martes, 8 de abril de 2014

LA FASE PROBATORIA EN TIEMPOS DE LA ORALIDAD

Lic. Juan Ramón Araujo López
Docente de Derecho Civil y Procesal en
Universidad de Oriente (UNIVO)
El Código Procesal Civil y Mercantil, en la línea de cualquier proceso moderno, se ha visto obligado a dar dos pasos importantes:
PRIMERO: Pasar del sistema de valoración de pruebas por medidas legales (Prueba tasada) a la sana crítica; y
SEGUNDO: Transitar de un sistema estrictamente escrito, a uno preponderante-mente oral.
De esos dos pasos evolutivos, se tiene un avance significativo en cuanto a las etapas de ofrecimiento, producción, presentación y valoración de los medios probatorios
Entonces, la prueba, aunque por regla general de tipo documental, se incorpora por medio de lectura al proceso y se valora por medio del sistema de la sana crítica; debiendo presentarse una fase de descubrimiento de la prueba y en acto oral, aplicando los principios de publicidad e inmediación, el Juez debe valorar las pruebas.
Luego de presentada la demanda y admitida; es decir, realizados los actos procesales de las partes, cumpliendo con los principios de contradicción, inmediación y concentración procesal, el Juez procede a la determinación de las pruebas.
En nuestro país, las primeras legislaciones que nos presentaron una experiencia oral, fueron el proceso de familia y el penal, donde las pruebas se valoran en una audiencia, con todas las solemnidades propias a cada caso en particular.
Según el Art. 288 del Código Procesal Civil y Mercantil: “Junto con la demanda y la contestación de la demanda, y junto con la reconvención y la contestación de ella se deberán aportar los documentos que acrediten los presupuestos procesales, así como el poder del representante procesal. También se aportarán los documentos o dictámenes que comprueben el valor de la cosa litigiosa, a efectos de competencia y procedimiento.
“Con los escritos iniciales se habrán de aportar en todo caso los documentos probatorios en que las partes fundamenten su derecho. Si no se dispusiera de alguno de éstos, se describirá su contenido, indicándose con precisión el lugar en que se encuentran, y solicitándose las medidas pertinentes para su incorporación al proceso.”
Relacionando el Art. 312 del mismo Código Procesal Civil y Mercantil que literalmente dice: “Las partes tienen derecho a probar, en igualdad de condiciones, las afirmaciones que hubieran dado a conocer sobre los hechos controvertidos que son fundamento de la pretensión o de la oposición a ésta; a que el juez tenga en cuenta, en la sentencia o decisión, las pruebas producidas; y a utilizar los medios que este código prevé, así como aquéllos que, dada la naturaleza del debate, posibiliten comprobar los hechos alegados.”
En el Art. 402 y 416 del CPCyM se regula la audiencia probatoria, producción, práctica y valoración de las pruebas.
Al igual que los otros procesos de la misma naturaleza, el proceso civil concluye con los alegatos finales y la sentencia.
Los tiempos de la prueba pre-valorada o tasada, han quedado en el pasado; en una adaptación de los sistemas donde impera la oralidad, la inmediación y la publicidad; en un proceso donde por regla general, la prueba idónea, conducente y pertinente es la documental, introducida por medio de lectura al proceso para ser valorada a través de la “sana crítica”

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jueves, 30 de enero de 2014

LA DEMANDA Y LOS MECANISMOS DE CONTROL INICIAL

Todo proceso judicial donde se aplica el principio dispositivo, comienza con un primer escrito, al que en lenguaje forense llamamos “demanda”.
En ese contexto, la demanda es el instrumento ideal para ejercer el derecho de acción, propuesto por algunos tratadistas como el medio legal de poner en movimiento el Órgano Judicial, para reclamar el cumplimiento de derechos insatisfechos.
La demanda, entonces, como ese primer escrito, debe reunir ciertos requisitos de forma y de fondo, para ser válidamente admitida en el proceso, y así proceder a emplazar al demandado.
Bajo el anterior supuesto, le corresponde al juzgador calificar el cumplimiento de esos requisitos de admisión, por medio de un juicio de razonamiento.
Es decir, recibida una demanda, la primera misión del Juez es proceder a su examen, respecto a las cuestiones formales, reguladas en el Art. 276 del Código Procesal Civil y Mercantil, y antes, en el artículo 193 Pr (Derogado)
Realizado el estudio correspondiente, el Juez puede, por medio de las actuaciones procesales que le son propias, pronunciarse respecto a la demanda, como formas liminares de control declarando que es:
Inadmisibilidad de la demanda; o
Improponibilidad de la demanda.
Que no son otra cosa, que formas de rechazar la demanda, ya sea por inadmisible, o por improponible.
En nuestro ordenamiento jurídico procesal, la improponibilidad de la demanda no existió sino hasta las reformas al código de procedimientos civiles en el año 1993, en cuyas disposiciones si bien no se contemplaba la improponibilidad, si regulaba la improcedencia de la demanda;  luego el Código Procesal Civil y Mercantil, se separa de la improcedencia de la demanda, acogiendo plenamente la improponibilidad de ella.
Pasando de la situación donde el código de procedimientos civiles solo reconocía:
Inadmisibilidad e improcedencia;
A la situación que el Código Procesal Civil y Mercantil, solo reconoce:
Improponibilidad de la demanda; y
Inadmisibilidad de la demanda.
Improponibilidad de la demanda

IMPROPONIBILIDAD DE LA DEMANDA
Si, presentada la demanda, el juez advierte algún defecto en la pretensión, como decir que su objeto sea ilícito, imposible o absurdo; carezca de competencia objetiva o de grado, o atinente al objeto procesal, como la litispendencia, la cosa juzgada, compromiso pendiente; evidencie falta de presupuestos materiales o esenciales y otros semejantes, se rechazará la demanda sin necesidad de prevención por ser improponible, debiendo explicar los fundamentos de la decisión. Art. 277 Código Procesal Civil y Mercantil.
Se da por cuestiones de fondo.
INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA
Si la demanda fuera oscura o incumpliera las formalidades establecidas para su presentación en este código, el Juez prevendrá por una sola vez para que en un plazo no mayor de 5 días se subsanen tales imperfecciones. Si el demandante no cumple con la prevención, se dará por terminado el proceso declarando inadmisible la demanda. Esta especie de rechazo in limine deja a salvo el derecho material. Art. 278 Código Procesal Civil y Mercantil.
Se da por cuestiones de forma.