martes, 8 de abril de 2014

LA FASE PROBATORIA EN TIEMPOS DE LA ORALIDAD

Lic. Juan Ramón Araujo López
Docente de Derecho Civil y Procesal en
Universidad de Oriente (UNIVO)
El Código Procesal Civil y Mercantil, en la línea de cualquier proceso moderno, se ha visto obligado a dar dos pasos importantes:
PRIMERO: Pasar del sistema de valoración de pruebas por medidas legales (Prueba tasada) a la sana crítica; y
SEGUNDO: Transitar de un sistema estrictamente escrito, a uno preponderante-mente oral.
De esos dos pasos evolutivos, se tiene un avance significativo en cuanto a las etapas de ofrecimiento, producción, presentación y valoración de los medios probatorios
Entonces, la prueba, aunque por regla general de tipo documental, se incorpora por medio de lectura al proceso y se valora por medio del sistema de la sana crítica; debiendo presentarse una fase de descubrimiento de la prueba y en acto oral, aplicando los principios de publicidad e inmediación, el Juez debe valorar las pruebas.
Luego de presentada la demanda y admitida; es decir, realizados los actos procesales de las partes, cumpliendo con los principios de contradicción, inmediación y concentración procesal, el Juez procede a la determinación de las pruebas.
En nuestro país, las primeras legislaciones que nos presentaron una experiencia oral, fueron el proceso de familia y el penal, donde las pruebas se valoran en una audiencia, con todas las solemnidades propias a cada caso en particular.
Según el Art. 288 del Código Procesal Civil y Mercantil: “Junto con la demanda y la contestación de la demanda, y junto con la reconvención y la contestación de ella se deberán aportar los documentos que acrediten los presupuestos procesales, así como el poder del representante procesal. También se aportarán los documentos o dictámenes que comprueben el valor de la cosa litigiosa, a efectos de competencia y procedimiento.
“Con los escritos iniciales se habrán de aportar en todo caso los documentos probatorios en que las partes fundamenten su derecho. Si no se dispusiera de alguno de éstos, se describirá su contenido, indicándose con precisión el lugar en que se encuentran, y solicitándose las medidas pertinentes para su incorporación al proceso.”
Relacionando el Art. 312 del mismo Código Procesal Civil y Mercantil que literalmente dice: “Las partes tienen derecho a probar, en igualdad de condiciones, las afirmaciones que hubieran dado a conocer sobre los hechos controvertidos que son fundamento de la pretensión o de la oposición a ésta; a que el juez tenga en cuenta, en la sentencia o decisión, las pruebas producidas; y a utilizar los medios que este código prevé, así como aquéllos que, dada la naturaleza del debate, posibiliten comprobar los hechos alegados.”
En el Art. 402 y 416 del CPCyM se regula la audiencia probatoria, producción, práctica y valoración de las pruebas.
Al igual que los otros procesos de la misma naturaleza, el proceso civil concluye con los alegatos finales y la sentencia.
Los tiempos de la prueba pre-valorada o tasada, han quedado en el pasado; en una adaptación de los sistemas donde impera la oralidad, la inmediación y la publicidad; en un proceso donde por regla general, la prueba idónea, conducente y pertinente es la documental, introducida por medio de lectura al proceso para ser valorada a través de la “sana crítica”

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jueves, 30 de enero de 2014

LA DEMANDA Y LOS MECANISMOS DE CONTROL INICIAL

Todo proceso judicial donde se aplica el principio dispositivo, comienza con un primer escrito, al que en lenguaje forense llamamos “demanda”.
En ese contexto, la demanda es el instrumento ideal para ejercer el derecho de acción, propuesto por algunos tratadistas como el medio legal de poner en movimiento el Órgano Judicial, para reclamar el cumplimiento de derechos insatisfechos.
La demanda, entonces, como ese primer escrito, debe reunir ciertos requisitos de forma y de fondo, para ser válidamente admitida en el proceso, y así proceder a emplazar al demandado.
Bajo el anterior supuesto, le corresponde al juzgador calificar el cumplimiento de esos requisitos de admisión, por medio de un juicio de razonamiento.
Es decir, recibida una demanda, la primera misión del Juez es proceder a su examen, respecto a las cuestiones formales, reguladas en el Art. 276 del Código Procesal Civil y Mercantil, y antes, en el artículo 193 Pr (Derogado)
Realizado el estudio correspondiente, el Juez puede, por medio de las actuaciones procesales que le son propias, pronunciarse respecto a la demanda, como formas liminares de control declarando que es:
Inadmisibilidad de la demanda; o
Improponibilidad de la demanda.
Que no son otra cosa, que formas de rechazar la demanda, ya sea por inadmisible, o por improponible.
En nuestro ordenamiento jurídico procesal, la improponibilidad de la demanda no existió sino hasta las reformas al código de procedimientos civiles en el año 1993, en cuyas disposiciones si bien no se contemplaba la improponibilidad, si regulaba la improcedencia de la demanda;  luego el Código Procesal Civil y Mercantil, se separa de la improcedencia de la demanda, acogiendo plenamente la improponibilidad de ella.
Pasando de la situación donde el código de procedimientos civiles solo reconocía:
Inadmisibilidad e improcedencia;
A la situación que el Código Procesal Civil y Mercantil, solo reconoce:
Improponibilidad de la demanda; y
Inadmisibilidad de la demanda.
Improponibilidad de la demanda

IMPROPONIBILIDAD DE LA DEMANDA
Si, presentada la demanda, el juez advierte algún defecto en la pretensión, como decir que su objeto sea ilícito, imposible o absurdo; carezca de competencia objetiva o de grado, o atinente al objeto procesal, como la litispendencia, la cosa juzgada, compromiso pendiente; evidencie falta de presupuestos materiales o esenciales y otros semejantes, se rechazará la demanda sin necesidad de prevención por ser improponible, debiendo explicar los fundamentos de la decisión. Art. 277 Código Procesal Civil y Mercantil.
Se da por cuestiones de fondo.
INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA
Si la demanda fuera oscura o incumpliera las formalidades establecidas para su presentación en este código, el Juez prevendrá por una sola vez para que en un plazo no mayor de 5 días se subsanen tales imperfecciones. Si el demandante no cumple con la prevención, se dará por terminado el proceso declarando inadmisible la demanda. Esta especie de rechazo in limine deja a salvo el derecho material. Art. 278 Código Procesal Civil y Mercantil.
Se da por cuestiones de forma.

martes, 27 de agosto de 2013

DESCENTRALIZACIÓN DEL EXAMEN DEL NOTARIADO

Con fecha martes 27 de agosto de 2013, la Directiva de la Asociación de Abogados Democráticos de El Salvador (ADESAL), presentó una solicitud a la Corte Suprema de Justicia en pleno, en relación al Examen de Suficiencia Previo a la Autorización en el Ejercicio de la Función Pública del Notariado.
La petición es en el sentido de DESCENTRALIZAR el examen; es decir, que los abogados y abogadas de la zona oriental, puedan examinarse en San Miguel; de la zona occidental, en Santa Ana, de la Zona Paracentral en San Vicente y de la zona central en San Salvador.
Esta petición está siendo analizada por la Corte Suprema de Justicia en pleno; y tendría mayor efectividad si cuenta con el apoyo de toda la comunidad jurídica.
Todos y todas a apoyar la descentralización del examen del notariado.
Recordemos que venimos de una larga lucha, por recuperar un derecho que se nos ha arrebatado de las manos: 2007 fue el último año que hubo examen; luego reaparece hasta el año 2012; y ahora, con leyes expresas que obligan a la CSJ a hacer examen cada año y no hacer distinciones por razón del año de autorización.
Todos sabemos que el proceso ha sido “manoseado” prácticamente desde que se comenzó a hacer examen; y se trata de nuestra profesión; si nuestro oficio es defender los derechos ajenos, con más razón, debemos hacerlo cuando se trata de los derechos propios, de nuestro gremio.

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miércoles, 7 de agosto de 2013

LOS FIADORES, ¿DEBEN PAGAR POR LO QUE NO DEBEN Y QUEDARSE?

Muchas personas han sido embaucadas, gracias a la confianza manifestada al garantizar una deuda ajena por medio de la fianza.
Un consejo muy útil es reducir lo máximo la lista de personas a quienes sí podrán respaldar en una deuda, por medio de esta garantía.
No obstante, hay que tener presente que la fianza es una obligación accesoria, en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena… si el deudor principal no responde. Art. 2086 C.
El acreedor nunca podrá perseguir directamente al fiador, sin antes haber perseguido al deudor principal.
¿Puede el fiador sustituir la garantía por una hipoteca o prenda? Si se trata de una fianza convencional, solamente con el acuerdo del acreedor; y si se trata de fianza legal o por decreto de Juez, puede sustituirse a ella una prenda o hipoteca suficiente. Art. 2088 C.
¿Puede afianzarse una obligación puramente natural? Según el Art. 2089 Civil sí se puede.
¿Puede afianzarse una obligación condicional y una a plazos? Según el Art. 2090 Civil sí se puede.
Podrá también afianzarse una obligación futura; y en este caso podrá el fiador retractarse mientras la obligación principal no exista; quedando con todo responsable al acreedor y a terceros de buena fe, como el mandante en el caso del artículo 1931. Art. 2090 Inc. 2º C.
¿Puede el fiador obligarse a más de la deuda principal? Según el Art. 2093 C No puede, pero sí se puede obligar a menos.
La obligación de pagar una cosa que no sea dinero en lugar de otra cosa o de una suma de dinero, no constituye fianza.
Si el deudor principal resultare ser persona incapaz ¿Queda libre también el fiador? Según el Art. 2104 C el fiador solo puede oponer excepciones reales, como las de dolo, violencia o cosa juzgada; pero no las personales, como sería la incapacidad de obligarse.
¿Puede el acreedor dirigirse directamente al fiador para obtener su crédito? Según los artículos 2106 y 2107 del Código Civil el fiador goza del beneficio de excusión.
Para gozar del beneficio de excusión son necesarias las condiciones siguientes:
1ª Que no se haya renunciado expresamente;
2ª Que el fiador no se haya obligado como codeudor solidario;
3ª Que la obligación principal produzca acción;
4ª Que la fianza no haya sido ordenada por el Juez;
5ª Que se oponga el beneficio luego que sea requerido el fiador; salvo que el deudor al tiempo del requerimiento no tenga bienes y después los adquiera;
6ª Que se señalen al acreedor los bienes del deudor principal.
Art. 2108 C.
Cuando el fiador paga la deuda en subrogación ¿Pierde lo pagado?
Según el Art. 2120 C. “El fiador tendrá acción contra el deudor principal para el reembolso de lo que haya pagado por él con intereses y gastos, aunque la fianza haya sido ignorada del deudor.”
Sin embargo, si el acreedor inicial no pudo obtener el pago de ese deudor principal, es porque carece de recursos; por lo tanto, el fiador se encontrará con ese mismo inconveniente al momento de reclamar el reembolso de lo que ha pagado.

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lunes, 17 de junio de 2013

EL DELITO Y SUS RESTRICTORES (TEORÍA DEL DELITO)


La sociedad se ha valido del derecho penal, para mantener bajo control a las personas que la conforman; y el derecho penal está informado de: La teoría del delito, la teoría de la pena y la legislación penal.
La base del delito es una conducta humana, casi siempre; y de hecho en muchas legislaciones se contempla el principio constitucional “nullum crimen sine conducta”, es decir, no hay pena, sin conducta.
Podemos decir, que no todo hecho es delito, para ello, tiene que presentarse en la forma de conducta humana; e incluso y más importante, no toda conducta humana es delito.
En síntesis, todo delito es una conducta humana, pero no toda conducta humana es delito.”
Es entonces que se utiliza una serie de “filtros mentales” que limitan la acción punitiva del Estado solo a aquellas conductas humanas que resultan lesivas, es decir, que lesionan un bien jurídicamente protegido.
Luego que hemos deducido que estamos ante una conducta y que además, nos resulta lesiva de un bien jurídicamente protegido; no es suficiente, para poder decir, que estamos ante un DELITO.
Nos queda la tarea de averiguar si dicha conducta está literalmente descrita en la legislación penal, es decir, que sea TÍPICA y por ende ANTIJURÍDICA (Injusta desde un punto de vista legal)
Llegando a este punto, tampoco podemos aplicar una sanción penal, solo por haber determinado que es una conducta, que además es lesiva y que es típica y antijurídica; hace falta aclarar otros requisitos de la teoría del delito.
También tiene que haber culpabilidad, es decir, que su autor no se encuentre en ninguno de los permisos legales para actuar de esa manera; para el caso, la ley concede “permiso” para matar, cuando esa es la única solución ante un problema real e inevitable, que sería la amenaza presente e inmediata de perder la vida propia y lo llamamos “LEGÍTIMA DEFENSA”.
Entonces, no tienen que existir esos permisos, en otros términos debe tratarse de una conducta, agresiva, lesiva, típica, antijurídica e ilegítima.
Y finalmente, debe agregarse otro elemento, al que llamamos imputabilidad, es decir, que legalmente podemos “reprochar” al autor de esa conducta que reúne todos los requisitos que hemos detallado anteriormente; y le reprocharemos, cuando mentalmente sea responsable de lo que planifica y ejecuta; es decir, que no comete delito quien actúa en movimientos reflejos o involuntarios; como tampoco, quien actúa sin tener un discernimiento de lo que hace, como sería el caso de un loco ó demente.
Finalmente nos queda la siguiente cadena: Tiene que haber una conducta, éste tiene que ser lesiva de un bien jurídicamente protegido, típica y antijurídica, culpable y punible.
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