En el ordenamiento jurídico salvadoreño, la identidad de la persona natural no es un asunto meramente nominal ni un simple formalismo administrativo; es un atributo esencial de la personalidad jurídica, con profundas implicaciones en la vida familiar, social, patrimonial y contractual del individuo. Precisamente por ello, el legislador ha previsto mecanismos excepcionales para corregir, aclarar o declarar situaciones de identidad cuando existe discordancia entre el nombre usado socialmente y el consignado en los documentos oficiales. Uno de esos mecanismos es el juicio de identidad, regulado en la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias.
Este procedimiento permite que una persona sea jurídicamente reconocida como la misma, aun cuando haya sido conocida o identificada bajo uno o varios nombres distintos a los que figuran en su partida de nacimiento o documentos de identidad. No se trata de crear una nueva identidad, sino de declarar judicial o notarialmente una realidad preexistente, validada por el uso constante, público y pacífico del nombre.
NATURALEZA JURÍDICA DEL JUICIO DE IDENTIDAD
El juicio de identidad es un procedimiento de jurisdicción voluntaria, lo que implica que no existe contienda entre partes, sino la necesidad de obtener una declaración formal que produzca certeza jurídica. Su finalidad es unificar la identidad legal de la persona, declarando que los distintos nombres con los que ha sido conocida corresponden a un mismo sujeto de derecho.
Este procedimiento encuentra sustento no solo en la ley notarial antes citada, sino también en principios contenidos en la Ley del Nombre de la Persona Natural, el Código de Familia, el Código Civil, y en normas administrativas y registrales que exigen coherencia y certeza en la identificación de las personas.
RELACIÓN CON LA LEY DEL NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL
La Ley del Nombre de la Persona Natural reconoce el nombre como un derecho y un deber, dotado de características como la inmutabilidad relativa, la obligatoriedad y la protección jurídica. Sin embargo, esta misma ley admite que el nombre puede presentar variaciones, errores, omisiones o usos consuetudinarios que, con el paso del tiempo, adquieren relevancia jurídica.
El juicio de identidad opera precisamente como un puente entre el nombre legal y el nombre social, evitando que una persona quede atrapada en un limbo jurídico donde “es la misma persona para todos, menos para el Estado”. La declaración de identidad no vulnera el principio de inmutabilidad del nombre; por el contrario, lo armoniza con la realidad social y el principio de verdad material.
EFECTOS EN LA VIDA FAMILIAR
En el ámbito familiar, los efectos del juicio de identidad son especialmente sensibles. La identidad del nombre incide directamente en:
Filiación (reconocimiento de hijos, partidas de nacimiento, apellidos).
Estado familiar (matrimonio, divorcio, unión no matrimonial).
Derechos sucesorios (herencias, declaratorias de herederos).
Obligaciones alimentarias y derechos de cuidado personal.
Una discordancia nominal puede generar conflictos graves: hijos que no pueden ser inscritos correctamente, herederos que no pueden acreditar parentesco, o personas que no pueden ejercer derechos familiares básicos. El juicio de identidad corrige estas disfunciones y restaura la coherencia jurídica del núcleo familiar, garantizando seguridad y continuidad en las relaciones de parentesco.
EFECTOS EN LA VIDA SOCIAL
Desde el punto de vista social, el nombre es el principal signo de reconocimiento de la persona. Cuando existe una divergencia entre la identidad social y la legal, el individuo puede enfrentar exclusión, obstáculos burocráticos y desconfianza institucional.
El juicio de identidad tiene un impacto directo en:
Acceso a servicios públicos y privados.
Trámites administrativos y registrales.
Reconocimiento académico y profesional.
Ejercicio de derechos ciudadanos.
Al declarar que una persona conocida socialmente bajo distintos nombres es jurídicamente una sola, el Estado reconoce la trayectoria vital del individuo, evitando que errores históricos o prácticas culturales (apodos, nombres compuestos, castellanizaciones, errores registrales) se conviertan en barreras permanentes.
EFECTOS EN LA VIDA CONTRACTUAL Y PATRIMONIAL
En el ámbito contractual, la identidad es un elemento esencial para la validez, eficacia y ejecución de los actos jurídicos. Contratos de compraventa, préstamos, escrituras públicas, títulos de propiedad, cuentas bancarias y obligaciones civiles o mercantiles pueden verse seriamente comprometidos cuando existe discrepancia en el nombre del otorgante.
El juicio de identidad produce efectos jurídicos trascendentales, tales como:
Convalidación de actos y contratos celebrados bajo nombres distintos.
Posibilidad de inscripción y corrección de títulos en registros públicos.
Prevención de nulidades, impugnaciones o fraudes por confusión de identidad.
SEGURIDAD JURÍDICA PARA TERCEROS DE BUENA FE.
En este sentido, el juicio de identidad no solo protege al solicitante, sino también al tráfico jurídico en general, reforzando la confianza en los actos notariales y registrales.
CONSIDERACIONES FINALES
El juicio de identidad es una institución jurídica de alto valor social y humano. Lejos de ser un trámite menor, constituye un mecanismo de justicia material, que reconoce que la identidad de una persona no se construye únicamente en un asiento registral, sino en su historia, sus relaciones y su vida cotidiana.
En un Estado de Derecho, el nombre no debe convertirse en una condena administrativa ni en un obstáculo para el ejercicio de derechos fundamentales. El juicio de identidad cumple, así, una función reparadora y garantista, alineada con los principios de dignidad humana, seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia.
En términos sencillos —pero jurídicamente contundentes—: el juicio de identidad le dice al Derecho lo que la sociedad ya sabía desde hace años.
LEGISLACIÓN APLICABLE
1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
Art. 2
Reconoce el derecho a la vida, a la integridad
moral y a la identidad personal, así como al honor y a la seguridad jurídica.
🔹 Base constitucional del derecho al nombre y a
la identidad.
Art. 3
Principio de igualdad ante la ley.
🔹 Relevante cuando la discordancia de nombre
produce exclusión o trato desigual.
2. LEY DEL EJERCICIO NOTARIAL DE LA
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA Y DE OTRAS DILIGENCIAS
Art. 1
Establece los actos y diligencias que pueden
tramitarse en jurisdicción voluntaria ante notario.
Art. 2
Reconoce la competencia notarial para conocer
diligencias que no impliquen controversia.
Art. 31
Regula expresamente el juicio de identidad,
permitiendo declarar que una persona conocida con uno o más nombres distintos
es la misma persona.
Establece la prueba testimonial como medio
idóneo para acreditar la identidad.
Determina los efectos jurídicos de la
declaración de identidad, habilitando su uso ante autoridades administrativas y
registrales.
(Aquí está el corazón del procedimiento: sin
esto, no hay juicio de identidad)
3. LEY DEL NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL
Art. 1
El nombre es un atributo esencial de la
personalidad.
Art. 2
Regula el nombre de la persona natural, en
cuanto a su formación, adquisición, elementos, cambios, uso y protección.
El nombre goza de protección jurídica contra
alteraciones indebidas.
4. CÓDIGO DE FAMILIA
Art. 186 (Definición): Establece que el estado
familiar es la calidad jurídica (ej. casado, padre, hijo) que una persona tiene
en relación a la familia, generando derechos y deberes, y se origina por
vínculo matrimonial o parental.
Art. 187 (Registro): Crea el Registro del
Estado Familiar para inscribir nacimientos, matrimonios, defunciones y otros
actos que modifican o extinguen el estado familiar.
5. CÓDIGO CIVIL
Art. 72 y siguientes. Del principio de la
existencia de las personas.
Art. 77 y siguientes. Del fin de la existencia
de las personas
6. LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
NATURALES (RNPN)
Art. 1
El RNPN es la institución responsable de la identificación de las personas naturales.
