LA MODERNIZACIÓN DIGITAL DEL NOTARIADO Y SU ARMONÍA CON LA LEY DE NOTARIADO EN EL SALVADOR

La función notarial en El Salvador ha sido históricamente entendida como una función pública delegada por el Estado, cuya esencia reside en dar fe de los actos, contratos y declaraciones de voluntad realizados ante el notario, confiriéndoles plena fe pública y fuerza probatoria conforme a la Ley de Notariado.

 

Sin embargo, el entorno jurídico y tecnológico del siglo XXI demanda respuestas innovadoras. La más reciente política de digitalización del Libro de Protocolo y la introducción de lineamientos técnicos para la presentación electrónica de los libros de protocolo e instrumentos notariales, aprobados por la Corte Suprema de Justicia como parte de la modernización institucional, marca un hito en la relación entre la tradición centenaria del notariado y las herramientas digitales contemporáneas.

 

1. Fundamento legal tradicional: el notariado según la Ley vigente

 

La Ley de Notariado, promulgada originalmente en 1962 bajo el Decreto Legislativo 218, establece de manera clara y detallada la naturaleza del notariado como una función pública cuyo ejercicio se realiza mediante procedimientos formales, muchos de ellos basados en la documentación física y el uso de libros de protocolo sellados y foliados.

 

Los artículos 1 y 2 de la Ley afirman que el notario es un delegado del Estado, que da fe de hechos y actos jurídicos con plena fe pública, y que los instrumentos notariales –como escritura matriz, testimonios y actas notariales– constituyen la base material del protocolo notarial.

 

El Capítulo II de la Ley dedica extensas disposiciones a la formación, legalización, cierre y entrega física de los libros de protocolo, así como a sus anexos y legajos, indicando plazos, formalidades, sellos y custodias específicas, todo bajo la supervisión de la Corte Suprema o de los Jueces de Primera Instancia según el domicilio del notario.

 

Este enfoque refleja la realidad del Derecho Notarial tradicional, que privilegia la formalidad del soporte físico, la custodia personal del notario y la supervisión burocrática directa. La Ley consagra además obligaciones estrictas de entrega física de los libros agotados o vencidos dentro de quince días.

 

2. El cambio digital: contexto y necesidad normativa

 

La Corte Suprema de Justicia ha impulsado reformas y lineamientos que permiten la digitalización de los libros de protocolo y los instrumentos notariales, así como su presentación y resguardo mediante sistemas informáticos seguros y confiables. Estas medidas responden directamente a las limitaciones del modelo tradicional, que puede resultar lento, susceptible al deterioro físico y costoso, y que hoy compite con la expectativa de eficiencia y seguridad que exige la ciudadanía y los operadores jurídicos.

 

En este punto, la Corte no busca sustituir el valor jurídico de la fe pública notarial, sino reforzarlo mediante herramientas que preservan la integridad, la autenticidad y la trazabilidad de los actos notariales. La firma electrónica certificada, por ejemplo, garantiza que cada protocolo enviado digitalmente tenga un respaldo técnico equivalente a las solemnidades físicas previstas por la Ley de Notariado, pero con ventajas añadidas de seguridad criptográfica y verificación de identidad.

 

3. Armonía y tensiones entre lo digital y la Ley tradicional

 

Desde un punto de vista jurídico, las reformas digitales plantean una tensión aparente con ciertas formalidades de la Ley de Notariado (por ejemplo, la exigencia de libros específicamente foliados y sellados de papel). No obstante, esta “aparente disonancia” puede resolverse mediante una interpretación sistemática y teleológica de la Ley: la finalidad última de la normativa notarial no es el papel en sí, sino garantizar seguridad jurídica, certeza y publicidad de los actos jurídicos.

 

Así, la digitalización –siempre que cuente con protocolos técnicos robustos y certificación de firma confiable– puede entenderse como una extensión funcional de las solemnidades tradicionales. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia, facultada por el propio ordenamiento jurídico para dictar normas en su ámbito de competencia (incluidas las relativas al resguardo de los libros de protocolo y la conservación de datos), cumple un papel articulador de la Ley con las exigencias contemporáneas.

 

4. Beneficios y desafíos de la transición

 

Entre los beneficios de la digitalización destacan la reducción de costos y tiempos, la disponibilidad inmediata de documentación, la posibilidad de inspección remota por parte de la autoridad competente y una mayor resiliencia frente a pérdidas físicas por deterioro. Adicionalmente, la compatibilidad con sistemas globales facilita transacciones que cruzan fronteras, un aspecto clave en un mundo cada vez más interconectado.

 

No obstante, la transición requiere la adecuación de la Ley de Notariado para incorporar explícitamente conceptos como “protocolo digital”, “firma electrónica certificada” y “resguardo digital seguro”, cerrando así cualquier laguna que pudiera generar incertidumbre jurídica o prácticas desiguales entre notarios.

 

Conclusión

 

La modernización digital del notariado promovida por la Corte Suprema de Justicia representa un paso audaz que busca reforzar y actualizar la función notarial sin sacrificar los principios consagrados en la Ley de Notariado. Aunque la Ley tradicional privilegia soportes físicos y formalidades antiguas, su espíritu —garantizar seguridad jurídica, publicidad y confianza en los actos notariales— permanece intacto y encuentra amplificación en la digitalización.

 

La clave está en promover una interpretación sistemática de la Ley que reconozca la tecnología como herramienta legítima para alcanzar fines jurídicos históricos, sin desnaturalizar la función pública del notariado ni la fe pública que éste otorga. En este diálogo entre tradición y modernidad, la digitalización no es una ruptura, sino la evolución natural del Derecho Notarial salvadoreño ante los retos del siglo XXI.

 

[1]:https://www.jurisprudencia.ues.edu.sv/oajc/leyes/LegislacionNotarial/ley%20de%20Notariado.pdf?utm_source=chatgpt.com "Nombre: LEY DE NOTARIADO"

[2]:https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/2/2020-2029/2025/04/10A054.PDF?utm_source=chatgpt.com "CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:"

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REFORMAS A LA LEY DEL NOTARIADO - EXPEDIENTE ÚNICO DEL ABOGADO

La iniciativa de la Corte Suprema de Justicia sobre la implementación del Libro de Protocolo firmado electrónicamente constituye un paso decisivo en el proceso de modernización del ejercicio notarial y de la función pública delegada que ejerce el notario. Lejos de tratarse de un simple cambio tecnológico, este modelo implica una transformación estructural en la forma de garantizar seguridad jurídica, eficiencia administrativa y control institucional sobre los actos notariales.

 

Desde una perspectiva explicativa, los lineamientos expuestos —particularmente los contenidos en los artículos 2, 4, 5 y 7— establecen un procedimiento ordenado, verificable y uniforme para que los notarios adopten la firma electrónica certificada y la integren al manejo de sus libros de protocolo. El proceso inicia con la regularización de los libros físicos pendientes y continúa con la obtención de un certificado de firma electrónica emitido por un Proveedor de Servicios de Certificación acreditado por la autoridad competente, lo cual asegura que la identidad del notario sea validada bajo estándares legales y técnicos estrictos.

 

Argumentativamente, esta exigencia no es arbitraria. El notario actúa como delegado del Estado, y sus actuaciones producen efectos jurídicos erga omnes. Por ello, la Corte Suprema de Justicia justifica la adopción de la firma electrónica certificada como un mecanismo que refuerza la autenticidad, integridad y no repudio de los instrumentos públicos. En otras palabras, la tecnología no sustituye la fe pública: la fortalece y la blinda frente a falsificaciones, extravíos o manipulaciones indebidas.

 

Asimismo, la creación y uso del Expediente Electrónico Único del Abogado y de la Cuenta Electrónica Única permite centralizar la información profesional del notario, agilizar la emisión de constancias y establecer un canal oficial de notificación. Esto representa un avance significativo frente a prácticas burocráticas tradicionales, reduciendo tiempos, costos y discrecionalidad administrativa. La eficiencia, en este contexto, deja de ser un beneficio colateral y se convierte en una obligación institucional.

 

Otro aspecto relevante es la estandarización del proceso de entrega del libro de protocolo en formato digital, dividido claramente en archivos (libro y anexos) y firmado electrónicamente mediante herramientas ampliamente disponibles, tanto en computadoras como en dispositivos móviles. Este detalle demuestra que la política pública no ignora la realidad operativa del notariado, sino que busca facilitar la transición tecnológica sin sacrificar formalidades esenciales

 

Desde un punto de vista crítico-constructivo, la fecha límite establecida —1 de diciembre de 2025— cumple una función clave: otorga un margen razonable de adaptación, pero al mismo tiempo fija un horizonte obligatorio que evita la perpetuación de esquemas obsoletos. La modernización, en este sentido, no es optativa; es parte del deber de actualización inherente al ejercicio de una función pública.

 

En conclusión, la presentación no solo instruye sobre un procedimiento técnico, sino que defiende un modelo de notariado acorde con los desafíos del siglo XXI, donde la tecnología se integra al Derecho como aliada de la seguridad jurídica y de la transparencia institucional. El mensaje es claro: el notario sigue siendo garante de la fe pública, pero ahora con herramientas que hacen esa garantía más robusta, trazable y confiable. 

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