CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN AUDIO-LIBROS

TÍTULO PRELIMINAR

TÍTULO II: LOS DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS

TÍTULO III: EL ESTADO, FORMA DE GOBIERNO Y SISTEMA POLITICO

TÍTULO IV: LA NACIONALIDAD

TITULO V: ORDEN SOCIO-ECONÓMICO

TÍTULO VI: ORGANOS DEL GOBIERNO, ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS

TÍTULO VII: REGIMEN ADMINISTRATIVO

TÍTULO VIII: RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

TÍTULO IX: ALCANCE, APLICACIONES, REFORMA Y DEROGATORIA

TÍTULO X: DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TÍTULO XI: VIGENCIA

AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD JURÍDICA

EL PROCESO EJECUTIVO Y LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO

DEBIDO PROCESO

LOS DOCUMENTOS EJECUTIVOS

INSTRUMENTOS PÚBLICOS

INSTRUMENTOS PRIVADOS FEHACIENTES

LOS TÍTULOSVALORES Y LOS CUPONES EN SU CASO

LA FUERZA EJECUTIVA

EL PROCESO EJECUTIVO

ADMISIÓN DE LA DEMANDA

EMPLAZAMIENTO Y MOTIVOS DE OPOSICIÓN

EL EMBARGO

DEBIDO PROCESO

Según el Artículo once de la Constitución de la República, “Ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y posesión, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes”.

El debido proceso se fundamenta en el derecho de acción del demandante y en el derecho de defensa del demandado, en cumplimiento del principio de igualdad procesal, dando así lugar a un sistema adversarial.

Para comprender al proceso ejecutivo y el cumplimiento del debido proceso, como garantía constitucional y procesal, es necesario valorar lo siguiente: a) El concepto de documento Ejecutivo; y b) La idea de fuerza ejecutiva.

LOS DOCUMENTOS EJECUTIVOS

El legislador de ha enumerado en el Artículo cuatrocientos cincuenta y siete del Código Procesal Civil y Mercantil, los documentos que tienen calidad de TÍTULOS EJECUTIVOS, incluyendo en el catálogo ocho categorías diferentes.

1º Los instrumentos públicos;

2º Los instrumentos privados fehacientes;

3º Los títulos valores y sus cupones, en su caso;

4º Las constancias, libretas o recibos extendidos por las instituciones legalmente autorizadas, cuando reciban depósitos de ahorro o de cualquier otra clase;

5º Las acciones que tengan derecho a ser amortizadas, total o parcialmente, por las sumas que hayan de amortizarse a cuenta del capital que incorporen;

6º Las pólizas de seguro y de reaseguro… etcétera.

7º Los instrumentos públicos emanados de país extranjero, cuando se hubiere llenado las formalidades requeridas para hacer fe en El Salvador; y

8º Los demás documentos que, por disposición de ley, tengan reconocido este carácter.

INSTRUMENTOS PÚBLICOS

Según JOAQUÍN ESCRICHE, Citado por MOLINA FLORES, ENNY GUADALUPE YANETH y RODRIGUEZ ESCOBAR, BORIS WENCESLLAO, en su tesis profesional: “En general, es todo escrito autorizado por un funcionario público en los negocios correspondientes a su oficio o empleo; pero más especialmente se entiende el escrito en que se consigna una disposición o un convenio otorgado ante escribano público (en nuestro medio Notario) por medio de las leyes correspondientes.

En síntesis, es todo documento otorgado ante notario, que contenga una obligación líquida, pagadera en tiempo y forma acordados, es decir, que tenga fuerza ejecutiva.

INSTRUMENTOS PRIVADOS FEHACIENTES

Son títulos ejecutivos los documentos privados fehacientes, es decir aquellos documentos que las personas los han presentado ante notario para que los autentiquen. Según el maestro Cabanellas, documento autentico es el autorizado en forma tal que de fe y haya de ser creído, por ser extendido ante fedatario público o por estar legalizado por autoridad competente.

LOS TÍTULOSVALORES Y LOS CUPONES EN SU CASO

Un título ejecutivo es aquel documento al cual la ley le atribuye la suficiencia necesaria para exigir el cumplimiento forzado del derecho literal y autónomo consignado en él.

Los títulos-valores pueden ser: 1º) Títulos de crédito; 2º) Títulos de participación; 3º) Medios de pago.

Dentro de los títulos de crédito, a su vez, existen:  1º) La letra de cambio; 2º) El pagaré; entre otros, como, por ejemplo, el cheque es un título de crédito que solo puede ser expedido por parte de una institución de crédito y si existe un documento que en forma de cheque se libre a cargo de otras personas, no producirá efectos como título de crédito.

Por regla general, el cheque es un medio de pago y su insolvencia puede hacer incurrir en un ilícito penal de los siguientes: a) Cheque sin provisión de fondos; b) Estafa agravada. De este tema, se hablará en otro video.

Por lo anterior y para efectos del proceso ejecutivo, nos interesan los títulos de crédito, que, aunque el Código de Comercio de El Salvador no hace diferencia entre los diferentes títulos-valores, no significa que no surtan los efectos jurídico procesales de tales.

LA FUERZA EJECUTIVA

El artículo cuatrocientos sesenta y cuatro del Código procesal civil y mercantil en su numeral tercero, confiere al demandado la excepción de: “...no cumplir los requisitos legales…” que la ley establece para que el título con que se demanda tenga fuerza ejecutiva.

Entonces, el título debe tener un derecho literal y autónomo consignado en él, que debe estar expresado en una cantidad y en una moneda de curso legal.

Por ende, tienen fuerza ejecutiva la letra de cambio, el pagaré, el cheque si cumple los requisitos arriba mencionados.

EL PROCESO EJECUTIVO

El proceso ejecutivo podrá iniciarse cuando del título correspondiente emane una obligación de pago exigible, líquida o liquidable, con vista del documento presentado. Artículo cuatrocientos cincuenta y ocho del Código Procesal Civil y Mercantil.

ADMISIÓN DE LA DEMANDA

Reconocida la legitimidad del demandante y la fuerza ejecutiva del título, el juez dará trámite a la demanda, sin citación de la parte contraria, decretará el embargo e inmediatamente expedirá el mandamiento que corresponda, en el que determinará la persona o personas contra las que se procede, y establecerá la cantidad que debe embargarse para el pago de la deuda, intereses y gastos demandados.

EMPLAZAMIENTO Y MOTIVOS DE OPOSICIÓN

La notificación del decreto de embargo equivale al emplazamiento para que el deudor comparezca a estar a derecho y pueda contestar la demanda en el plazo de diez días. Al hacerlo, podrá formular su oposición…

Sin perjuicio de lo establecido en otras leyes serán admisibles en el proceso ejecutivo los siguientes motivos de oposición:

1º Solución o Pago efectivo.

2º Pluspetición, prescripción o caducidad.

3º No cumplir el título ejecutivo los requisitos legales

4º Quita, espera o pacto o promesa de no pedir.

5º Transacción.

EL EMBARGO

El embargo puede ser:

Embargo preventivo: es una medida consistente en inmovilizar los bienes del deudor. Siguen en su poder, pero no puede disponer libremente de ellos ni venderlos.

Embargo ejecutivo: es aquel por el que la autoridad judicial ordena retener los bienes y proceder a su venta.

De las demás categorías del cuatrocientos cincuenta y siete hablaremos en otro video por motivos de tiempo.

CONCLUSIONES

Entonces, a pesar que el proceso ejecutivo no es abundante en materia de instrumentos de defensa a favor del demandado, por su naturaleza especial, no puede decirse que existe violación al derecho de defensa, ya que desde su origen se ha pretendido una inmediata y pronta justicia, tanto para la parte actora que busca hacer valer un derecho consignado en un documento con fuerza suficiente, como para el demandado que no puede ser víctima de procesos abusivos ni arbitrarios.

REFERENCIAS

Carlos Adolfo Prieto Monroy. ACERCA DEL PROCESO EJECUTIVO, GENERALIDADES Y SU LEGITIMACIÓN EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO.

MOLINA FLORES, ENNY GUADALUPE YANETH RODRIGUEZ ESCOBAR, BORIS WENCESLLAO. TESIS: ANALISIS DEL DERECHO MATERIAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL. UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. DOS MIL DOCE.

RESOLUCIÓN DOS-CUATRO CM-DIECISIETE-A, CÁMARA SEGUNDA DE LO CIVIL DE LA PRIMERA SECCIÓN DEL CENTRO

Santiago Antonio Gutiérrez Leiva. EL PROCESO EJECUTIVO EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL. (LEGISLACIÓN DOCTRINA)

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https://www.youtube.com/watch?v=GHudPuHFvww 

EJECUCIÓN FORZOSA (TERCERA PARTE)

Contenido

1º Oposición a la ejecución;

2º Suspensión a la ejecución; y

3º Ejecución contra el Estado;

OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN

El ejecutado puede oponerse a la ejecución, pero únicamente bajo las siguientes condiciones:

1º Que comparezca dentro de los cinco días siguientes al de la notificación del despacho de la ejecución;

2º Que presente su oposición por escrito;

3º Que la oposición se refiera a falta de carácter o calidad del ejecutante o del ejecutado, o de representación de los mismos; por falta de requisitos legales del título; por el pago o cumplimiento de la obligación; o, bien, por haber prescrito la pretensión de ejecución.

El derecho de oposición concedido al ejecutado no implica dilación, revisión o una especie de recurso, por ende, la ley ha sido taxativa al enumerar las causas por las cuales, el ejecutado, puede oponerse a la ejecución y por lo mismo se resuelve sin suspender las actuaciones procesales.

La oposición se puede referir a defectos procesales y a cuestiones de fondo, según los artículos quinientos ochenta y uno y quinientos ochenta y dos del código procesal civil y mercantil.

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN

La regla general es que la ejecución no se suspende por oposición del ejecutado, ni siquiera por existir revisión de sentencias firmes, sin embargo, se puede suspender la ejecución, según lo regulado en el Artículo quinientos ochenta y seis, de éste artículo se deduce el carácter excepcional de la suspensión.

La primera posibilidad es: El acuerdo de las partes (La ejecución podrá suspenderse cuando lo soliciten todas las partes personadas);

El segundo caso es legal, es decir, cuando lo ordene la ley; y Cuando se iniciare proceso penal por hechos delictivos relacionados con el título (Prejudicialidad penal)

LA EJECUCIÓN CONTRA EL ESTADO

La ejecución contra el Estado está regulada en los artículos quinientos noventa y quinientos noventa y uno del Código Procesal Civil y Mercantil y es aplicable cuando se pida la ejecución de una sentencia de condena contra:

El Estado, visto como la República de El Salvador;

A una municipalidad; o

A una institución oficial autónoma.

Ejemplos de instituciones oficiales autónomas: La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) o la Universidad de El Salvador (UES) entre otras

En cuanto al sistema procesal de ejecuciones contra el Estado, es necesario aclarar que no existe una solución coactiva para asegurar al acreedor el derecho de ejecución de las sentencias, como sería embargo de bienes contra el Estado, probablemente porque el legislador, al momento de redactar el código procesal civil y mercantil, consideró que el Estado es un ente violador de derechos a granel y que exponer a sus instituciones a procesos coactivos para la ejecución de sentencias en su contra, iría en detrimento del interés general, del Estado y de la sociedad, razón por la cual, cuando se redactó la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) se trasladó la responsabilidad a los funcionarios públicos.

En derecho comparado: En Uruguay se ha establecido legalmente la inembargabilidad absoluta de los bienes del Estado. El procedimiento de ejecución contra el Estado se limita a la notificación judicial efectuada al órgano estatal condenado.

En El salvador:

Cuando se pida la ejecución de una sentencia que condene al Estado, a un municipio o a una institución oficial autónoma al pago de cantidades líquidas, el juez remitirá el auto de despacho de la ejecución al funcionario que corresponda, así como a cualquier otro que indique la ley de la materia, a fin de que libren y autoricen las órdenes de pago con cargo a las partidas correspondientes del presupuesto general vigente.

Si no fuere posible cargar la orden de pago al presupuesto vigente, el funcionario que corresponda propondrá que en el presupuesto general de gastos del año siguiente se incluyan las asignaciones o partidas necesarias para el pago de lo ordenado en la sentencia ejecutoriada.

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https://www.youtube.com/watch?v=42Cf4OPfLVE

LA EJECUCIÓN FORZOSA (SEGUNDA PARTE)

La ejecución forzosa se basa en las exigencias de eficacia de la tutela jurisdiccional, para una efectiva satisfacción del derecho del acreedor.

Contenido

1º La ejecución dineraria; y

2º Procedimiento; y

3º Documentos que deben acompañar la solicitud.

La ejecución dineraria

La ejecución dineraria se refiere a todos los reclamos derivados de la existencia de un título de ejecución cuando la obligación contenida en el mismo sea líquida.

Para ordenar la ejecución se considerará líquida toda cantidad de dinero determinada, expresada en el título con letras, cifras o guarismos comprensibles, prevaleciendo la que conste con letras si hubiera disconformidad.

Guarismo es un signo gráfico simple que expresa un número en un sistema de numeración; puede combinarse con otros para representar una cantidad.

La doctrina clásica ha considerado a ésta clase de ejecución como expropiativa, por satisfacer el interés del acreedor afectando los bienes del deudor mediante embargo, para su posterior remate y entrega del producto al acreedor, hasta la completa satisfacción de su crédito, intereses y costas.

También procede la ejecución dineraria, cuando por motivos previstos en la ley, no sea posible la ejecución in natura de las obligaciones de hacer, no hacer o dar una cosa determinada.

Este tipo de ejecución resulta de lo regulado en el artículo seiscientos cuatro del Código Procesal Civil y Mercantil y las obligaciones pueden derivar de cualquier título de los contemplados en el Artículo quinientos cincuenta y cuatro del mismo Código o bien una sentencia de condena extranjera, de las reguladas en el Artículo quinientos cincuenta y seis.

Procedimiento

La ejecución dineraria es un procedimiento integrado a la ejecución forzosa y por lo tanto se inicia en base a las reglas del artículo quinientos setenta, por medio de una solicitud de ejecución, presentada por escrito por el ejecutante.

El ejecutante puede mencionar los bienes afectables del ejecutado si es el caso que los conoce o bien, solicitar al Juez diligencias de localización de bienes, según el Artículo quinientos ochenta y uno.

Documentos que deben acompañar la solicitud

Según los Artículos quinientos sesenta y uno y quinientos setenta y dos del Código Procesal Civil y Mercantil:

A la solicitud de ejecución debe acompañarse el título, salvo que se trate de resolución dictada por el propio Juez a quien se dirija, y, como por regla general, es el mismo Juez que ha conocido en primera instancia, independientemente de qué tribunal la haya declarado firme.

Puede darse el caso, entonces, que un proceso no haya recursos y pase a ejecución forzosa, sin más resoluciones que las pronunciadas por el Juez que conoció en primera instancia

También puede darse que, pronunciada sentencia por el Juez inferior, se recurra de ella y pase a segunda instancia y la Cámara o el tribunal que conozca en segunda instancia conforme la sentencia del inferior y de ahí pase a ejecución.

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LA EJECUCIÓN FORZOSA (PRIMERA PARTE)

Contenido

1º Acceso a la ejecución forzosa;

2º Títulos de ejecución;

3º La ejecución provisional;

Acceso a la ejecución forzosa:

Para que se origine una ejecución forzosa, tiene que haber una resolución final, consentida o ejecutoriada, además de haberse vencido el plazo otorgado para su cumplimiento.

Se entiende que es consentida una sentencia, cuando ha existido un allanamiento de la parte demandada y solamente se podrá recurrir de cuestiones accesorias y no sobre el asunto principal; y, ejecutoriada, cuando ha pasado el tiempo para interponer los recursos pertinentes y las partes no han recurrido.

O bien, habiendo interpuesto los recursos oportunamente, éstos han sido desestimados.

Títulos de ejecución:

Hay que diferenciar entre títulos de ejecución y títulos ejecutivos, ya que éstos últimos se refieren, por regla general, a títulos de crédito, que, a su vez, son especies de títulos valores.

Los títulos de ejecución, están enumerados en el Artículo quinientos cincuenta y cuatro del Código Procesal Civil y Mercantil, así:

Son títulos de ejecución:

1º Las sentencias judiciales firmes.

2º Los laudos arbitrales firmes.

3º Los acuerdos y transacciones judiciales aprobados y homologados por el juez o tribunal.

4º Las multas procesales.

5º Las planillas de costas judiciales, visadas por el juez respectivo, contra la parte que las ha causado, y también contra la contraria, si se presentaren en unión de la sentencia ejecutoriada que la condena al pago.

6º Cualesquiera otras resoluciones judiciales que, conforme a este código u otras leyes, lleven aparejada ejecución.

La ejecución provisional

Prácticamente todas las sentencias dictadas en los procesos civiles y mercantiles pueden ser ejecutadas provisionalmente, con la única excepción de aquellas que ordenan realizar una declaración de voluntad.

Entonces, no es un título provisionalmente ejecutable, la sentencia dictada para ordenar efectuar una declaración de voluntad.

Es provisional un título de ejecución, cuando aún quedan recursos pendientes, por ende, aún no existe una sentencia firme y lo son, todas las sentencias de condena dictadas por tribunales de la República de El Salvador, según el Artículo quinientos noventa y dos.

Se entiende que una sentencia condenatoria es: La resolución final de un proceso, que acepta en todo o parte las pretensiones del actor, manifestadas en la demanda, o del acusador o denunciante expuestas en la querella o denuncia.

TÍTULO EJECUTIVO: Es aquel que debe de consignar una obligación liquida, exigible, de plazo vencido, de dar sumas de dinero que debe de constar en el mismo título o instrumento que así ha de bastar por sí mismo.

TÍTULO DE EJECUCIÓN: Las resoluciones judiciales firmes, las actas de conciliación judicial o extrajudicial, las resoluciones administrativas y los laudos arbítrales firmes que resuelven conflictos jurídicos...

Significa que pueden revertirse los efectos de la ejecución forzosa, cuando por resolución pronunciada en segunda instancia o en algún recurso extraordinario, se revoque la sentencia que la motivó.

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LOS PROCESOS MONITORIOS EN EL SALVADOR

INTRODUCCIÓN: EL FRACASO DE LOS PROCESOS MONITORIOS EN EL SALVADOR

1. ROMPIENDO EL PARADIGMA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA

Como una noción general de los procesos monitorios, podemos decir que éstos representan una excepción al paradigma de los procesos judiciales, pues si bien es cierto, llevan implícito un conflicto de partes: Un acreedor y un deudor, dentro del marco de una obligación civil y no meramente natural, el derecho de acción se ejerce por medio de una solicitud y no mediante una demanda, como ocurre con los procesos declarativos e incluso con los otros procesos especiales.

2. CLASES DE PROCESOS MONITORIOS

 A una década de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil y la incorporación de los procesos monitorios, ya que, en el derogado código de procedimientos civiles, dentro de los procesos especiales, solamente se contemplaba el proceso ejecutivo y sus variantes, para deudas de dinero. Con su derogatoria y la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil en el año 2010 entran en vigencia, los procesos monitorios, por deudas de dinero y por obligaciones de hacer, no hacer o dar.

Para iniciar un proceso monitorio por deudas de dinero, tiene que existir: a) Una obligación dineraria, líquida, vencida y exigible; b) Que el monto de la cantidad exigida no exceda de veinticinco mil colones o su equivalente en dólares de Estados Unidos de Norteamérica; y c) Justificar un principio de prueba suficiente (Un documento que sirva para acreditar relaciones entre acreedor y deudor, aunque haya sido creado unilateralmente por parte del acreedor) Según el Artículo 489 del Código Procesal Civil y Mercantil.

También, opera cuando existe una obligación de hacer, de o hacer o de dar una cosa específica o genérica, e igual que en el caso anterior es necesario: a) Que el valor del bien o servicio no supere los veinticinco mil colones o su equivalente en dólares de Estados Unidos de Norteamérica; y b) Que la obligación conste en documento, cualquiera que sea su forma y clase, o el soporte en que se encuentre.

También podrá aplicarse el proceso monitorio cuando la obligación resulte acreditada mediante facturas, certificaciones de relaciones entre las partes, telegramas, telefax u otros documentos que, en el tráfico jurídico, documenten relaciones entre acreedor y deudor, aun cuando hubieran sido creados unilateralmente por el acreedor.

Ver más en XV Edición de Confrontaciones 2020

https://joom.ag/NRLC 

LOS AUMENTOS SALARIALES DEBEN SER GENERALES Y NO SOLO AL SALARIO MÍNIMO

La movilidad social que debería existir en una sociedad moderna está en riesgo, porque las clases medias están siendo llevadas al piso mínimo.

Si pensamos que una persona es lo que quiere ser, sin con su esfuerzo y sacrificio hace lo necesario para superarse y salir del margen del mínimo.

Pero también tenemos que el mercado y los productos que ahí se venden, suben de precio día con día y esto hace que el salario mínimo sea cada vez más mínimo y no alcance ni para lo mínimo.

Lo anterior hace necesario que el salario mínimo vaya con la dinámica de la sociedad cambiante.

Pero y las clases medias… si esos profesionales cuya preparación académica y laboral les permite un puesto diferente dentro de la sociedad ¿Para dónde van?

Pues en El Salvador esos profesionales, llámense catedráticos, funcionarios de diferentes niveles, van a ser parte del salario mínimo, porque mientras el salario mínimo sube, ellos siguen igual.

Para citar un ejemplo, un profesor que antes ganaba cuatro sueldos mínimos, hoy gana un sueldo mínimo más una pequeña fracción, es decir, se viene un aumento al salario mínimo y los profesores estarán ganando, pues si… el salario mínimo.

Y así la sociedad va luchando por eliminar la movilidad social y que solo haya dos polos: Pobres (Salario mínimo) y ricos (Empresarios que hacen su salario)

Por eso, los aumentos salariales tienen que ser generales. El profesional que gana 4 salarios mínimos, al aumentarse el salario mínimo, debería seguir ganando cuatro salarios mínimos, para incentivar el esfuerzo y el progreso de la persona, de lo contrario tendremos generaciones que no les importará estudiar o no en una universidad si es para ir a ganar el mismo salario mínimo o un poquito más.